Estas entidades, que en España se han constituido como asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual (autores, artistas, productores, etc), deben contar con la autorización del Ministerio de Cultura para funcionar como tales.
Hasta la fecha, dicho Ministerio ha autorizado ocho entidades de gestión, que representan a los siguientes titulares de derechos:
- De autores:
- SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).
- CEDRO (Centro español de derechos reprográficos).
- VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos).
- DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales).
- De Artistas intérpretes o ejecutantes:
- AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España).
- AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión).
- De Productores:
- AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales).
- EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).
Con el establecimiento de estas entidades de gestión se garantiza una explotación eficaz de las obras y prestaciones protegidas en beneficio de sus titulares y de los usuarios.
- De los titulares, porque estos tienen asegurado el control del uso de sus obras tanto en España como en el extranjero.
- De los usuarios, porque estos acudiendo a las entidades de gestión tienen asegurado en los supuestos de usos masivos de obras y prestaciones, el uso pacífico del repertorio mundial representado por esta entidades.
Respecto a la situacion actual de estas entidades, el informe de la Comisión Nacional de la Competencia refleja que la sisituación en España es clara y contundente: estas entidades (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE y AISGE) realizan su actividad desde una evidente posición monopolística, lo que reduce sus incentivos a operar de manera eficiente y provoca la aparición de numerosos problemas.
Una situación que impide el desarrollo de mercados eficientes y competitivos, y la aparición de otras alternativas de gestión individual o colectiva que podrían dar respuesta a muchos de los retos y oportunidades que el desarrollo tecnológico plantea a la industria y a la creación. Las ocho entidades de gestión existentes se han especializado, con la abierta connivencia de los políticos, en la gestión de un determinado conjunto de derechos que nadie más gestiona, lo que redunda en tarifas y contratos abusivos, inseguridad jurídica, abusos sobre los autores, e imposibilidad para gestionar derechos mediante métodos alternativos que podrían adaptarse mejor a la situación actual.
